GUATEMALA, 3 DE AGOSTO DE 1999

Madre pide investigar desaparición de sus familiares

Por Lucy Barrios y Pedro Pop Barillas.

"Por negligencia, el Ministerio Público, MP, no ha querido investigar a los funcionarios del gobierno de Romeo Lucas García, involucrados en el secuestro y desaparición de mis hijas y de otros familiares".

Así lo expresó ayer Adriana Margarita Portillo de Bartow, madre de dos niñas que desaparecieron el 11 de septiembre de 1981, junto a una bebé de 18 meses y tres mayores de edad.

Por el hecho son sindicados Donaldo Alvarez Ruiz, German Chupina Barahona, Pedro García Arredondo y Manuel de Jesús Valiente Téllez, este último fallecido, quienes eran los encargados de las fuerzas de seguridad en el mandato del general Lucas García.

"No entiendo; no me explico por qué no se quiere hacer nada ni dar con los responsables, pese a que hay testigos del hecho y elementos que prueban su participación", cuestionó De Bartow.

Fiscal especial

Después de haberle solicitado al presidente de la República, ministro de la Defensa, Procurador de los Derechos Humanos y funcionarios de la Misión de Verificación de Naciones Unidas para Guatemala que se interesen en el caso, la ODHA requirió del MP que asigne a un fiscal especial para que se encargue de investigar el secuestro.

Mario Gonzalo Domingo, asesor de la ODHA, dijo que Jovito Méndez, fiscal de Asuntos Administrativos, no ha querido entrar en detalles. Incluso, agregó que se pretende desestimar la denuncia.

"Si eso ocurre acudiremos al ámbito internacional, pero antes quiero hacer un llamado a todos los familiares de las víctimas del conflicto armado para que se involucren. Juntos podremos llevar adelante esta denuncia", enfatizó De Bartow.

MP se defiende

El fiscal Méndez negó que hubiera "engavetado" el caso, como aseveró la ODHA, y dijo que investigó hasta donde le fue posible. Como muestra de ello, refirió haber citado a Chupina Barahona, quien se presentó a declarar.

Además, dijo que un periodista testificó haber acudido al sitio donde fueron detenidas las seis víctimas por elementos de seguridad, quienes adujeron que "era un reducto guerrillero".

Sin embargo, añadió que a petición de los denunciantes se excusaría del caso, para que éste sea trasladado a la Fiscalía Metropolitana, donde se designará una nueva agencia fiscal y un fiscal especial para el caso.

Por su parte, el jefe del MP, Adolfo González Rodas, desestimó el nombramiento de un fiscal especial, pues hay suficiente personal para efectuar la pesquisa.

"Para designar un fiscal especial debe tratarse de un caso de mucha trascendencia o importancia, pero éste no llena esos requerimientos", dijo.