|
|
|
REMHI MENU
Introduction | REMHI
Chicago Project - 2002
| Proyecto
REMHI Chicago - 2002 |
From: REMHI, OBISPADO SAN MARCOS
Subject: COMUNICADO POR AMENAZAS EN CONTRA DE
PERSONAL DE LA DIOCESIS
DE SAN MARCOS
Date: 03 Jul 2003 16:03:57 -0600
La diócesis de San Marcos a jugado un papel muy
importante en el apoyo a
la construcción de una sociedad más justa y humana,
dentro del
compromiso asumido por la diócesis esta el acompañamiento
a grupos que
buscan el pago de prestaciones laborales cuando han
sido victimas de
despidos injustos, o cuando a trascurrido un tiempo
largo de labores sin
haber recibido el salario correspondiente, pero
también ha mediado en
problemas de tenencia de tierra, esto principalmente
en su área de
Derechos Humanos.
Debido a este compromiso, con la historia, la
justicia, la verdad y los
mas necesitados, la diócesis de San Marcos su
Obispo sacerdotes, y
laicos miembros de la Pastoral Social han sido
victimas de amenazas e
incluso allanamiento de instalaciones Diocesanas, ha
esta innumerable
lista de hechos se suma ahora las amenazas que en su
casa de habitación
sufrió el día 25 de junio el Lic. Mario Fernando
Juárez Ávila, Asesor
legal del Programa de Derechos Humanos, y
responsable del seguimiento en
los tribunales de diversos casos Laborales.
Adjuntamos a este correo el comunicado emitido por
la Comisión Vocera de
la diócesis de San Marcos y pedimos a las
organizaciones y personas
amigas, solidarizarse con la diócesis de San
Marcos, pero principalmente
con el Lic. Mario Fernando Juárez Ávila, así como
mostrar su repudio
ante estos hechos que enlutan el corazón del pueblo
Guatemalteco.
Que hagan llegar sus llamados a los organismos que
crean
correspondientes y que envíen una copia de estos
llamados al proyecto
REMHI quienes lo haremos llegar a los compañeros
del Programa de
Derechos Humanos de nuestra Diocesis.
con nuestra gratitud.
Víctor Lopez.
área de Proyectos
Proyecto REMHI
diócesis de San Marcos
10 av. 6-28 zona 4
Guatemala C.A.
E-mail remhiosm@itelgua,com
velopezb@yahoo.com
------------------
COMUNICADO
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, LA
DIOCESIS DE SAN MARCOS
MANIFIESTA:
Su profundo repudio y preocupación por los
hechos ocurridos en la
residencia del Lic. Mario Fernando Juárez Ávila,
asesor jurídico del
Programa de Derechos Humanos, el día miércoles
veinticinco de junio del
presente año, a las nueve horas, cuando individuos
simulando ser
electricistas se introdujeron con lujo de fuerza a
dicha residencia,
portando armas de fuego de grueso calibre. Al estar
en el interior de la
residencia pidieron que les entregaran dinero y
documentación de los
procesos que el licenciado tramita, amenazando con
dar muerte a la
esposa e hijo del licenciado y a la trabajadora doméstica.
Después de apoderarse de la computadora y de
un cheque por la cantidad
de Q. 18,000.00 que hicieron firmar a la esposa del
licenciado
abandonaron la residencia con absoluta calma y
seguridad, como quienes
saben que cuentan con total impunidad y libertad de
acción, no sin antes
amenazar a la familia con regresar a darles muerte
en caso que avisaran
del cheque al banco o a la policía. A pesar de
dichas amenazas se dio
aviso de inmediato al banco respectivo, hecho que
permitió la captura de
dos de los autores materiales, identificados ese
mismo día, quienes se
encuentran detenidos.
Es significativo que se llevaran únicamente
la computadora y el cheque
antes mencionado, mientras que otros objetos de
valor que se encontraban
en el mismo cuarto de la computadora y cuartos aledaños
no fueron
tocados. Este hecho se suma a otros muchos en todo
el país, y es un
indicador la inseguridad ciudadana que se vive en el
país.
POR TODO ELLO EXIGE:
1.Al Estado de Guatemala, que cumpla con su obligación
de brindar
seguridad a la ciudadanía en general, de
conformidad con el Artículo 1
y 2 de la Constitución Política de La Repúblicas
de Guatemala, y en
especial a los defensores de los derechos humanos.
Son ya demasiadas las
intimidaciones y agresiones que se han cometido y se
siguen cometiendo,
bajo la más completa impunidad, durante el actual
gobierno,
especialmente en contra de los defensores de
derechos humanos y
representantes de medios de comunicación, como lo
demuestra el grave
allanamiento de la casa del distinguido y muy digno
periodista José
Rubén Zamora.
2.A la Policía Nacional Civil, que brinde la
protección y seguridad que
el caso amerita al lic. Mario Juárez, esposa y
familia, de acuerdo a la
Ley de Protección al Testigo, ( Decreto 70-96) ante
las amenazas
proferidas por los hechores antes de abandonar la
residencia.
3.Al Ministerio público, realizar la investigación
minuciosa e inmediata
para encontrar a los autores intelectuales de este
hecho delictivo,
apoyándose en la captura de dos de los autores
materiales, para quienes
pedimos junto con los autores intelectuales, la
completa aplicación de
las sanciones establecidas por la ley.
Ante tales hechos nos solidarizamos con la
familia Juárez Mérida y el
Programa de Derechos Humanos a quienes les
expresamos nuestro fraternal
apoyo.
Manifestamos, asimismo, nuestra solidaridad al
periodista José Rubén
Zamora ante los repudiables hechos de que fuera víctima
él y su familia,
el 24 de los corrientes.
Una vez más, recordamos las palabras del Maestro:
"LA VERDAD LOS HARA
LIBRES" (Juan 8, 32)
San Marcos de junio del 2003
COMISIÓN VOCERA DIÓCESIS DE SAN MARCOS
|
|
Central American
Free Trade Agreement (CAFTA)- OPPOSE IT NOW!
From: No CAFTA <cafta@cispes.org
Subject: Action alert: Negotiations for CAFTA Start, Call Congress and U.S.
Trade Representative
Date: 09 Jan 2003 16:54:19 -0500
CAFTA NEGOTIATIONS OFFICIALLY OPENED ON JAN. 8th
ACT NOW! To Protect Human Rights
Official negotiations for the U.S-Central American Free Trade Agreement (CAFTA)
were formally opened in a ceremony in Washington, DC on January 8th, 2003.
Please contact your Representative, Senators, and the United States Trade
Representative (USTR) and voice your opposition. A Sample letter and contact
information are included below.
What is the U.S.- Central American Free
Trade Agreement (CAFTA) and why should we oppose it
The U.S.-Central American Free Trade Agreement (CAFTA) is a free trade
agreement between the U.S. and the five Central American nations of Guatemala,
El Salvador, Honduras, Nicaragua, and Costa Rica. Official negotiations for
CAFTA opened between trade ministers of the six governments on January 8 and
will continue once a month until December of 2003. The U.S. and Central American
governments hope to have the treaty finished and ready for approval by the
national legislatures of the six countries by the end of 2003.
CAFTA is an extension of the North American Free Trade Agreement (NAFTA) to
include Central America and its implementation is seen key by the Bush
administration and multinational corporations in obtaining the Free Trade Area
of the Americas (FTAA), which would cover all the countries in the Western
Hemisphere except Cuba. It will also help build the economic framework for Plan
Puebla Panama (PPP), a 10-year long mega development project that will construct
industrial infrastructure throughout the region. Civil society groups have
protested the PPP because of the probable devastating impact that it will have
on the environment, indigenous communities, and local economies.
Since President Bush announced his intention to implement CAFTA in January of
2002, very little public information has been released. The U.S. has released
its objectives for the negotiations, but not its official negotiating positions.
Public hearings were held in November of last year and a Congressional Oversight
Group for CAFTA, FTAA, and other free trade agreements has been set up, but
genuine input and participation in the negotiations by civil society groups in
the U.S. and the five Central American countries is non-existent. At the same
time, the U.S. Business Roundtable and financial elites in Central America have
constant access to their government negotiation teams and trade ministers. The
nine rounds of CAFTA negotiations will held in secret.
If adopted CAFTA would have the
following consequences:
Privatization of Public Services:
A key component of free trade agreements is the privatization of public
services. The logic of neoliberalism (corporate globalization) that drives these
agreements sees government subsidies and support of public services such as
water, education and healthcare as unfair "barriers" to trade and
competition. However, privatization benefits only a tiny political and economic
elite at the expense of the general public. Privatization has meant higher
prices, poorer service, union busting, and worsened working conditions. Under
CAFTA the state run health care, education, electrical generation, and water
systems could be privatized and sold off to multinational corporations.
Increased Corporate Power, Erosion of
Democracy, and Lack of Transparency:
Working hand-in-hand with privatization, free trade agreements like CAFTA would
weaken regulatory measures and open the way for increased corporate exploitation
in Central America and the U.S. The examples of Enron and WorldCom show how
corporations in the United States use the deregulated "free" market to
destroy lives in the name of profit. It is no coincidence that Enron - facing
scandal in the US - is setting up shop in Nicaragua and other countries in the
Global South. CAFTA would give companies free reign in Central America,
obliterating the democratic process by robbing citizens of the power to shape
their own destinies.
Additionally, CAFTA will most likely contain the Chapter 11 investor rights
provision of NAFTA. This would allow foreign corporations to sue national
governments for laws or regulations that were shown to have caused a loss in
actual or even potential future profits. A secret tribunal whose members would
be unknown to the public would hear such cases. Their rulings could not be
appealed and would overrule existing local, state, and federal laws and
international agreements on labor and human rights. Such elements of CAFTA would
erode democracy and allow for decisions to be made behind closed doors that
would affect the lives and well being of millions people. The U.S. is pushing
NAFTA like investor state dispute mechanisms in the FTAA, so we can also
anticipate these in CAFTA .
Destruction of agriculture and small
farmers:
CAFTA would remove all tariff barriers the 5 Central American countries now have
on imported agricultural products. This would allow cheaply grown and heavily
subsidized U.S. corn and other basic grains to flood local markets. Small
farmers in Central America, already devastated by the importation of cheaply
grown U.S. basic grains, years of drought, and the massive fall of coffee prices
on the world market, would face the extinction of their livelihoods. Under CAFTA
millions would be forced to migrate to large urban areas to work in the informal
sector or maquilas (sweatshops), or they would risk their lives in dangerous
journey north to seek work in the U.S., facing a harsh anti-immigrant climate.
Weakening of laws protecting workers
rights and the environment:
Laws protecting labor and human rights and the environment would be greatly
weakened. The past few months have seen large-scale governmental assaults on
public sector unions in El Salvador trying to stop the privatization of the
electrical generating and public health care systems. Workers have been
violently attacked by riot police and their rights under the Salvadoran labor
code and constitution trampled upon in an attempt to bust their unions. In
Guatemala union members, peasant organizers, and human rights activists face an
increasing climate of government repression, including murder and kidnapping.
Social movements and unions are also under attack in Honduras and Nicaragua.
Laws protecting labor and human rights in Central America could be overturned.
Claims by the U.S. and Central American governments that workers rights will be
respected and protected under CAFTA seem farcical given the current repression
now occurring in the region.
Moreover, Central America is one of the most biologically diverse areas in the
world, containing thousands of diverse and unique species of plants and animals.
Laws protecting the environment could be gutted, declared as an impediment to
the potential profits earned by foreign corporations. The corporations could
then sue national governments under Chapter 11 provisions. Under NAFTA the
Mexican state of San Luis Potosi was forced to accept a toxic waste site run by
the U.S. Metalclad corporation. The Mexican federal government also had to pay
the corporation $16 million in damages.
Social movements resist CAFTA:
Throughout Central America labor unions, peasant organizations, indigenous and
women_s groups, and other social organizations are actively resisting CAFTA. On
October 12, 2001 at least 40,000 people organized coordinated protests through
the region, blocking key points of the Pan American highway and border
crossings. Since October there have been 4 massive marches of at least 100,000
people each by social organizations in El Salvador protesting the attempt to
privatize the public health care system. A Central American wide coalition of
trade unions, peasant and indigenous organizations, women_s and environmental
groups, and non-governmental organizations have joined together to fight CAFTA.
They are struggling for their self-determination and to defend alternative
models of social and economic development benefiting the majority of people in
their countries and not multinational corporations.
Note: This piece incorporates previous materials on CAFTA created by the
Committee in Solidarity with the People of El Salvador.
Who to Contact:
Contact your Representative and Senators by fax, phone, or email. Let them know
you oppose CAFTA.
To find out their contact information, visit the following sites or call the
Capitol Switchboard at: 202-224-3121:
House of Representatives: http://clerk.house.gov/members/index.php
Senate: http://clerk.house.gov/members/index.php
You can also contact Daniel Fantozi, the U.S. Trade Representative (USTR)
contact for Central America, at 202-395-5190 ext 8.
Sample Letter:
Dear
I am writing to express my profound concern of the U.S.-Central American Free
Trade Agreement (CAFTA) negotiations, set to officially begin on January 8th.
With negotiations around the corner, no draft text of the negotiating strategies
of any of the countries has been made available either to the countries_
Congress and National Assemblies or the general U.S. or Central American public.
This utter lack of transparency offers little, if any, opportunity for
meaningful public comment or input and minimal oversight by elected officials.
Instead, wealthy transnational corporations, who stand to gain the most if CAFTA
passes, are among the few who are given the opportunity to view draft texts and
participate in negotiations. The millions whose quality of life, independence,
health, economic stability, and traditions will be adversely affected have
virtually no say in their own future.
CAFTA is essentially a continuation of the same policies put forward in the
North American Free Trade Agreement (NAFTA). While NAFTA offered promises of
increased economic prosperity, it has instead wrought disastrous consequences
for workers, small-scale farmers, and the environment. In fact, since it began
in 1994, the percentage of the Mexican population living in poverty has risen
from 58% to 79% and more than 700,000 decent paying jobs were lost in the U.S.
I strongly believe that CAFTA will only exacerbate poverty, environmental
destruction, the loss of national sovereignty, and the unequal distribution of
wealth and power. Additionally, the process of planning and negotiating CAFTA
grossly violates the inherent principles of democracy and development.
Any trade agreement created with the countries in Central America must involve
the real participation of all those affected by it, including civil society
members. It must also fully accept that labor, environmental, and human rights
are a precursor to true and equal development. CAFTA, along with any free trade
agreement the U.S. government signs, must contain guaranteed and completely
enforceable protections of environmental, labor, and human rights. I closely
follow trade issues and will be in continued contact with you on this issue.
Thank you for your time and consideration.
Sincerely,
KEEP THE PRESSURE UP UNTIL JUSTICE IS
SERVED!
For more information, contact the National Coalition Against CAFTA, at
212-465-8115 or via e-mail at cafta@cispes.org
You can also visit: www.cispes.org/cafta
Back to
Top of Page
|
|