Amnistía Internacional: Guatemala - Justicia sin miedo
From: guatteam@amnesty.org
Subject: Comunicado de prensa: Justicia sin miedo
Date: 29 Nov 2002 17:35:41 +0000
Servicio de Noticias 217/02
Índice: AMR 34/76/02/s
27 de noviembre del 2002
Guatemala: Justicia sin miedo
La búsqueda de justicia por los abusos contra los derechos humanos
cometidos puede ser una búsqueda mortal, según ha declarado
Amnistía
Internacional hoy, día en que la Red Internacional de Profesionales
del Derecho, compuesta por unos 5.000 abogados y otros profesionales del
derecho de más de 40 países, inicia una acción a largo
plazo en apoyo de los miembros de la comunidad judicial de Guatemala.
«Es demasiado frecuente que los jueces, abogados y fiscales guatemaltecos sufran amenazas, intimidación y ataques», ha declarado la organización. «Quienes participan en la investigación y el procesamiento de casos de violaciones de derechos humanos o apoyan a quienes presionan para que se pongan en práctica los acuerdos de paz corren especial peligro.»
En los últimos años, numerosos profesionales
del derecho que trabajaban en casos de derechos humanos han muerto, mientras
otros se han visto obligados a huir del país ante el temor por su vida.
Por ejemplo, los esfuerzos por llevar ante la justicia a
los responsables del homicidio del obispo Juan José Gerardi, cometido
en 1998, han dado lugar a que varias personas relacionadas con el caso, entre
ellas un juez y tres fiscales del Estado, se vieran obligadas a buscar refugio
en el extranjero junto con sus familias. Decenas de personas implicadas en
el caso han denunciado graves intimidaciones, y varias más han huido
también del país. Varios testigos que se quedaron lo pagaron
con su vida.
El acoso también puede adoptar la forma de acciones judiciales y encarcelamientos
breves, tal como ha experimentado Luz Margoth Tuy, de la Procuraduría
Auxiliar de los Derechos Humanos de Sololá, contra quien se iniciaron
procedimientos judiciales, al parecer como represalia por el papel que desempeñó
en la investigación del homicidio, cometido en octubre del 2000, de
un manifestante que defendía los derechos agrarios, y por su participación
en los esfuerzos por mediar en los conflictos locales de tierras.
Un representante de la Red Internacional de Profesionales
del Derecho ha manifestado: «Es inaceptable que los miembros de la comunidad
legal de Guatemala tengan que trabajar con miedo. Esta situación amenaza
no sólo a esos profesionales, sino a todo el estado de derecho de
Guatemala. Confiamos en que, al mostrar nuestro apoyo a nuestros colegas
de profesión de Guatemala y al ejercer una presión internacional,
podamos contribuir a garantizar una mayor protección y respeto hacia
estas personas, para que puedan desempeñar con eficacia y seguridad
una labor que incluye la promoción de los derechos humanos».
La Red Internacional de Profesionales del Derecho se dirigirá
a miembros de la comunidad judicial de todas las regiones de Guatemala para
establecer contactos y determinar las necesidades y preocupaciones de estas
personas. La Red recopilará información sobre el sistema existente
de protección de miembros de la comunidad judicial en peligro (incluido
el trabajo del nuevo fiscal especial para delitos contra funcionarios de justicia
y el comité de la Corte Suprema para investigar las amenazas contra
el poder judicial) y formulará recomendaciones para que se establezca
un sistema más efectivo; entre esas recomendaciones se encontrará
el garantizar que se proporcionan los recursos adecuados para los mecanismos
de protección e investigación.
El mejorar la protección que se ofrece a los jueces, fiscales y abogados
garantizando, entre otras cosas, que el personal asignado a esta tarea
recibe formación y remuneración suficiente es una necesidad
inmediata. Sin embargo, no basta por sí sola.
«La medida crítica que pondrá fin a este clima de intimidación
es garantizar que todos los incidentes se investigan de forma exhaustiva y
que los responsables comparecen ante la justicia», ha declarado Amnistía
Internacional.
«Hace demasiado tiempo que las graves violaciones de derechos humanos
cometidas en Guatemala que incluyen el genocidio, homicidios ilegítimos
en masa y "desapariciones" están rodeadas de un velo de impunidad.
Esto ha transmitido a los responsables el mensaje de que, en la práctica,
son intocables y pueden silenciar a cualquiera que intente arrojar luz contra
los abusos cometidos en el pasado», ha añadido la organización,
subrayando que la impunidad generalizada por los abusos cometidos en el pasado
ha sido un importante factor en la oleada de nuevos abusos que actualmente
barre Guatemala.
Amnistía Internacional ha concluido: «La verdad,
la justicia y la rendición de cuentas son las piedras angulares sobre
las que se puede
reedificar la sociedad guatemalteca tras los horrores del conflicto, y quienes
trabajan para alcanzar estas metas deben poder hacerlo sin miedo».
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